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Lescano: el TC debe explicar en el Congreso atropello contra RBC
Sobre actos contra la libertad de prensa en perjuicio de RBC
Televisión, Canal 11
El congresista Yohny Lescano rechazó la maquinaria echada a
andar para arrebatar el canal 11, RBC, a Ricardo Belmont Cassinelli
y señaló que el Tribunal Constitucional debe ser llamado al
Congreso de la República a explicar este grave abuso.
"Es un acto de arbitrariedad de este Gobierno, que a través de la
influencia política está tratando de perpetrar este tipo de actos",
señaló el legislador.
Indicó que el asunto debe ser tratado por la Comisión de
Transportes del Congreso de la República, "la Comisión de
Transportes debe fiscalizar y llamar a los señores magistrados del
Tribunal Constitutcional para que informen cuál es la situación del
canal", indicó y agregó "se tiene que hacer esa labor de
fiscalización, no se puede permitir un abuso de esa naturaleza",
Totalitarismo: denuncian maniobra y
faenón del Gobierno para quitar licencia
a RBC
Totalitarismo: denuncian maniobra y faenón del Gobierno para quitar
licencia a RBC
Atentado contra la libertad de prensa: Intentan silenciar a RBC, único canal
opositor al Gobierno
Ricardo Belmont Casinelli, fundador de Canal 11, RBC Televisión,
denunció en su programa de hoy una colusión del Gobierno y el Tribunal
Constitucional para arrebatarle la licencia para entregarla a una empresa
con oscuros antecedentes, de propiedad de la segunda vicepresidenta del
Perú, Lourdes Mendoza del Solar y familiares.
Belmont precisó que el Gobierno, a través del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) viene ejerciendo una serie de atropellos contra
RBC, siendo el principal la discriminación al negarle la entrega de la señal
digital con el pretexto de que el canal no tiene estaciones en provincias.
Anteriormente, Belmont había señalado que congresistas apristas le
pedían que no abra al público el teléfono para dar sus opiniones a través
de su programa "Habla el Pueblo", que es el único programa televisivo que
denuncia los malos manejos del gobierno aprista.
Belmont, quien también es congresista por el partido Somos Perú,
denunció que el objeto es silenciar "Habla el Pueblo" para que no continúe
sus transmisiones sobre "el Gobierno más corrupto de la historia".
Comentarios Añadir nuevo
Cómo el gobierno aprista
perpetra el atropello contra RBC
El congresista Ricardo Belmont Cassinelli explicó en su programa de hoy
que su canal tiene licencia vigente hasta el año 2016, pero el Gobierno
maquina el retiro de la licencia desde el año 2009, cuando el Tribunal
Constitucional (TC,) sin informarles, quiso quitarles la administración del
canal, ante lo cual se defendieron.
Precisó que el abogado del canal, Domingo García Belaunde, "se trajo
abajo la pretensión del TC de darle el canal a alguien que ni siquiera
existía".
Sin el mínimo de ética, pues ocupa la segunda vicepresidencia, Lourdes
Mendoza del Solar pretende hacerse adjudicar la licencia, siendo una
empresa con accionistas quebrados, que no habían pagado sus impuestos
y que había dejado a sus trabajadores "en la calle" indicó Belmont. Parte
de la oscura maniobra para quitarle el canal, es la transferencia, por parte
de la empresa Crasa, de sus licencias a otra empresa "entre gallos y
medianoche".
Hoy comunican a Belmont, con una sospechosa celeridad, el fallo dirimente
del magistrado Ernesto Álvarez Miranda, con lo cual le "intentan robar el
canal", denunció Belmont.
Ernesto Álvarez Miranda
"El TC es un tribunal político manejado desde Palacio de Gobierno", espetó
y agregó que el método y mecanismo elaborado por el cual "Alan García
deja chico al presidente venezolano Hugo Chávez, pero no va a prosperar
porque "nos vamos a defender en todos los campos que sea necesario",
aseguró.
Belmont recordó que el Gobierno le cortó la publicidad por ser crítico,
además, no de darle la señal digital y que el presidente Alan García no le
da la audiencia solicitada.
Parte de la oscura maniobra para quitarle el canal, es la transferencia, por
parte de la empresa Crasa, de sus licencias a otra empresa "entre gallos y
medianoche", manifestó.
El parlamentario aseguró que peleará y que espera que mañana ingrese la
fuerza pública a su canal. Recordó que ya una vez la dictadura de Juan
Velasco Alvarado le quitó el canal y la licencia y que Belaúnde no se lo
devolvió, porque se habían llevado sus equipos y hasta su personal al
Canal 7. "Voy a a dar la pelea hasta las últimas consecuencias", anunció.
El Canal 11 nunca acudió a la salita del SIN de Montesinos, como ya lo
señaló Belmont. Hoy subrayó que es el único canal que pagó los
impuestos, a otros canales sí se los condonaron. Nunca fueron a Indecopi
a declararse en quiebra, como señala Belmont. "Jamás tuvimos una
denuncia de un trabajador de RBC en el ministerio de Trabajo, porque los
trabajadores eran la prioridad número uno".
Sobre actos contra la libertad de prensa en perjuicio de RBC
Televisión, Canal 11
El congresista Yohny Lescano rechazó la maquinaria echada a
andar para arrebatar el canal 11, RBC, a Ricardo Belmont Cassinelli
y señaló que el Tribunal Constitucional debe ser llamado al
Congreso de la República a explicar este grave abuso.
"Es un acto de arbitrariedad de este Gobierno, que a través de la
influencia política está tratando de perpetrar este tipo de actos",
señaló el legislador.
Indicó que el asunto debe ser tratado por la Comisión de
Transportes del Congreso de la República, "la Comisión de
Transportes debe fiscalizar y llamar a los señores magistrados del
Tribunal Constitutcional para que informen cuál es la situación del
canal", indicó y agregó "se tiene que hacer esa labor de
fiscalización, no se puede permitir un abuso de esa naturaleza",
Totalitarismo: denuncian maniobra y
faenón del Gobierno para quitar licencia
a RBC
Totalitarismo: denuncian maniobra y faenón del Gobierno para quitar
licencia a RBC
Atentado contra la libertad de prensa: Intentan silenciar a RBC, único canal
opositor al Gobierno
Ricardo Belmont Casinelli, fundador de Canal 11, RBC Televisión,
denunció en su programa de hoy una colusión del Gobierno y el Tribunal
Constitucional para arrebatarle la licencia para entregarla a una empresa
con oscuros antecedentes, de propiedad de la segunda vicepresidenta del
Perú, Lourdes Mendoza del Solar y familiares.
Belmont precisó que el Gobierno, a través del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) viene ejerciendo una serie de atropellos contra
RBC, siendo el principal la discriminación al negarle la entrega de la señal
digital con el pretexto de que el canal no tiene estaciones en provincias.
Anteriormente, Belmont había señalado que congresistas apristas le
pedían que no abra al público el teléfono para dar sus opiniones a través
de su programa "Habla el Pueblo", que es el único programa televisivo que
denuncia los malos manejos del gobierno aprista.
Belmont, quien también es congresista por el partido Somos Perú,
denunció que el objeto es silenciar "Habla el Pueblo" para que no continúe
sus transmisiones sobre "el Gobierno más corrupto de la historia".
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Cómo el gobierno aprista
perpetra el atropello contra RBC
El congresista Ricardo Belmont Cassinelli explicó en su programa de hoy
que su canal tiene licencia vigente hasta el año 2016, pero el Gobierno
maquina el retiro de la licencia desde el año 2009, cuando el Tribunal
Constitucional (TC,) sin informarles, quiso quitarles la administración del
canal, ante lo cual se defendieron.
Precisó que el abogado del canal, Domingo García Belaunde, "se trajo
abajo la pretensión del TC de darle el canal a alguien que ni siquiera
existía".
Sin el mínimo de ética, pues ocupa la segunda vicepresidencia, Lourdes
Mendoza del Solar pretende hacerse adjudicar la licencia, siendo una
empresa con accionistas quebrados, que no habían pagado sus impuestos
y que había dejado a sus trabajadores "en la calle" indicó Belmont. Parte
de la oscura maniobra para quitarle el canal, es la transferencia, por parte
de la empresa Crasa, de sus licencias a otra empresa "entre gallos y
medianoche".
Hoy comunican a Belmont, con una sospechosa celeridad, el fallo dirimente
del magistrado Ernesto Álvarez Miranda, con lo cual le "intentan robar el
canal", denunció Belmont.
Ernesto Álvarez Miranda
"El TC es un tribunal político manejado desde Palacio de Gobierno", espetó
y agregó que el método y mecanismo elaborado por el cual "Alan García
deja chico al presidente venezolano Hugo Chávez, pero no va a prosperar
porque "nos vamos a defender en todos los campos que sea necesario",
aseguró.
Belmont recordó que el Gobierno le cortó la publicidad por ser crítico,
además, no de darle la señal digital y que el presidente Alan García no le
da la audiencia solicitada.
Parte de la oscura maniobra para quitarle el canal, es la transferencia, por
parte de la empresa Crasa, de sus licencias a otra empresa "entre gallos y
medianoche", manifestó.
El parlamentario aseguró que peleará y que espera que mañana ingrese la
fuerza pública a su canal. Recordó que ya una vez la dictadura de Juan
Velasco Alvarado le quitó el canal y la licencia y que Belaúnde no se lo
devolvió, porque se habían llevado sus equipos y hasta su personal al
Canal 7. "Voy a a dar la pelea hasta las últimas consecuencias", anunció.
El Canal 11 nunca acudió a la salita del SIN de Montesinos, como ya lo
señaló Belmont. Hoy subrayó que es el único canal que pagó los
impuestos, a otros canales sí se los condonaron. Nunca fueron a Indecopi
a declararse en quiebra, como señala Belmont. "Jamás tuvimos una
denuncia de un trabajador de RBC en el ministerio de Trabajo, porque los
trabajadores eran la prioridad número uno".
viernes, 03 de septiembre de 2010
Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba (Exilio)
National Journalists Association of the Republic of Cuba (Exile)
Toda agresión a RBC Televisión, Canal 11 de Lima, Perú es una agresión
a la libertad de prensa del hemisferio
Miami, FL - Ante la injusta confiscación inminente por parte de elementos
allegados al actual gobierno peruano del canal independiente RBC
Televisión, Canal 11, de Lima Perú, el Colegio Nacional de Periodistas de
la Republica de Cuba (Exilio) (CNPC), reconocida organización
profesional cubano-americana defensora de la libertad de prensa y de
expresión en Cuba Esclava y a nivel internacional desde 1960, insta a que
se respete la libertad de prensa y aboga por los derechos de los
propietarios de dicho medio de comunicación social.
Este atentando contra los derechos de RBC Televisión, Canal 11 resulta
de la arbitraria decisión de un tribunal peruano a negarle a dicho canal, por
motivos políticos, el derecho digitalizar su señal y así mantenerse
competitivo con otros medios y continuar llegando al público televidente.
"Fuera verdaderamente lamentable que la libertad de prensa retroceda en
el Perú después de los enormes esfuerzos y sacrificios hechos por el
pueblo peruano para defender el estado de derecho y sus libertades
políticas", declara el Lic. Vicente P. Rodríguez, decano del CNPC.
La bochornosa confiscación de RBC Televisión aparentemente obedece a
un siniestro plan inconstitucional para poner las frecuencias televisivas del
Perú en manos de personeros del actual gobierno peruano. De llevarse a
cabo este abuso de poder contra un medio televisivo independiente, el
CNPC, con sede en Miami, Florida, esta dispuesto a denunciarlo ante
todos los organismos internacionales hasta hacer valer los principios de
libertad de prensa y expresión en el Perú.
Firmado.
Lic. Vicente P. Rodríguez Decano
Dr. Eladio José Armesto Vice Decano
Dr. Jesús Angulo Vice Decano
Lic. Salvador Romaní Vice Decano
Sr. Roosevelt F. Bernal Secretario Ejecutivo
Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba (Exilio)
National Journalists Association of the Republic of Cuba (Exile)
Toda agresión a RBC Televisión, Canal 11 de Lima, Perú es una agresión
a la libertad de prensa del hemisferio
Miami, FL - Ante la injusta confiscación inminente por parte de elementos
allegados al actual gobierno peruano del canal independiente RBC
Televisión, Canal 11, de Lima Perú, el Colegio Nacional de Periodistas de
la Republica de Cuba (Exilio) (CNPC), reconocida organización
profesional cubano-americana defensora de la libertad de prensa y de
expresión en Cuba Esclava y a nivel internacional desde 1960, insta a que
se respete la libertad de prensa y aboga por los derechos de los
propietarios de dicho medio de comunicación social.
Este atentando contra los derechos de RBC Televisión, Canal 11 resulta
de la arbitraria decisión de un tribunal peruano a negarle a dicho canal, por
motivos políticos, el derecho digitalizar su señal y así mantenerse
competitivo con otros medios y continuar llegando al público televidente.
"Fuera verdaderamente lamentable que la libertad de prensa retroceda en
el Perú después de los enormes esfuerzos y sacrificios hechos por el
pueblo peruano para defender el estado de derecho y sus libertades
políticas", declara el Lic. Vicente P. Rodríguez, decano del CNPC.
La bochornosa confiscación de RBC Televisión aparentemente obedece a
un siniestro plan inconstitucional para poner las frecuencias televisivas del
Perú en manos de personeros del actual gobierno peruano. De llevarse a
cabo este abuso de poder contra un medio televisivo independiente, el
CNPC, con sede en Miami, Florida, esta dispuesto a denunciarlo ante
todos los organismos internacionales hasta hacer valer los principios de
libertad de prensa y expresión en el Perú.
Firmado.
Lic. Vicente P. Rodríguez Decano
Dr. Eladio José Armesto Vice Decano
Dr. Jesús Angulo Vice Decano
Lic. Salvador Romaní Vice Decano
Sr. Roosevelt F. Bernal Secretario Ejecutivo
Toda agresión a RBC Televisión, Canal 11 de
Lima, Perú es una agresión a la libertad de
prensa del hemisferio
Lima, Perú es una agresión a la libertad de
prensa del hemisferio
por Herbert Mujica Rojas
Para el vulgo que se hace llamar medio de comunicación, la tacha
domiciliaria que sacó a Kouri de carrera para Lima, constituye el leit
motiv de esa circunstancia. Si preguntáramos si conoce o sabe algo
del autor de la tacha arribaríamos a la única conclusión posible: ¡ni
siquiera se acordaría del nombre de aquel ciudadano! Si la tacha
prosperó fue por la potente razón que el cuestionamiento integral a
las monstruosas fallas y fraudes de Cambio Radical tuvo en la
argumentación del solitario abogado Guillermo Olivera Díaz a un
osado y perseverante enriquecedor cuasi diario de pruebas y más
pruebas. Desde hace más de cinco lustros el país no contemplaba
una demostración cívica valiente y efectiva.
El miércoles 1 debió llevarse a cabo el informe oral acerca de la
segunda tacha, la planteada por Olivera. Nadie entiende la razón
del cómo trocó en posterior un cuestionamiento que ingresó ¡140
expedientes antes que la tacha domiciliaria! Sólo la magia ilusionista
del experto en materia electoral del Jurado Nacional de Elecciones,
Fernando Rodríguez Patrón puede —y debe— ofrecer una
explicación, no de cómo hizo, sino en nombre de qué causas o
neumáticas de interés ha procedido con dolo ostensible.
El cónclave no se llevó a cabo. En el tabladillo en que se sientan los
jueces electorales ya no habían las cinco sillas que albergaban a
igual número de magistrados. La subitánea, sorpresiva, aleve y
pusilánime salida de vacaciones sine die de Ulises Montoya Alberti
propició este asunto. Es que aquél, por haber adelantado opiniones
sobre las mecánicas decisorias del JNE, había sido recusado por
Guillermo Olivera Díaz. Y en lugar de afrontar el yerro, como lo
hacen quienes van a perder o a ganar, prefirió, con la complicidad
del colectivo del Jurado Nacional de Elecciones, picárselas o tomar
las de Villadiego.
Miedo cerval, aterrado, perverso, culposo, eso es lo que siente el
conjunto de jueces que conforma el JNE de actuar como lo
demanda la ley y la decencia. Permitieron o se volvieron cómplices
de Rodríguez Patrón que fletó el fraude Cambio Radical por todo lo
alto y ahora encubren a Montoya Alberti. La mácula pestilente
rodea este proceso edil, precedente del que vendrá para la
sucesión presidencial. Los lodos de hoy presagian cualquier cosa
para los meses que vienen.
La tacha domiciliaria ha sido el pretexto light que encajó bien en los
designios del JNE para desbarrancar la candidatura Kouri. La salida
de éste y su nadir de más de 30 puntos porcentuales al magro 2 ó
3% que hoy ostenta grafica lo vertiginoso del descalabro. ¿Qué
razones tuvo el JNE para no actuar como debía y tocar las múltiples,
numerosas e imbatibles razones documentales que presentó
Olivera Díaz con estocadas letales periódicas y robustas de
argumentos, pruebas y razones?
Superando el silencio de una prensa que ha batido todos los
niveles de asco y autocensura abisal, venciendo los escollos
económicos de tasas y desplazamientos, ignorado por semanas
enteras, obliterado casi por completo, Guillermo Olivera Díaz, más
allá de una tacha, emprendió la palmaria realidad que en Perú ¡sí
se puede incurrir en demostraciones cívicas con la ley en la mano y
la ética en alto!
¿Notó, amable lector, que los intelectuales de todo el amplio
espectro, desde la zurda hasta la ultra-derecha, no aventura
opinión de fondo sino cosmética y políticamente correcta? Los
defensores de los derechos humanos en este capítulo callan. Los
analistas, estrategas, internacionalistas, politólogos, especialistas y
demás istas, hacen lo propio y no van más allá de muy
despreciables circunloquios para justificar los nutridos dineros a los
cuales sirven.
Más aún. Los partidos políticos, habida cuenta que esos no existen
en Perú, es decir los clubes electorales, se cuidaron muy mucho de
opinar o decir algo. La unanimidad yugulada de parecer ha dado
una lección de cómo se evita la decencia y cómo se hunde al país
en la ciénaga de mediocres colectores de votos que sí saben
olvidarse de todo lo que prometieron una vez apoltronados en las
sillas de mando.
El Perú es más grande que todas esas castas sin señorío ni savia
para absolutamente nada. Desde la tribuna abogadil, premunido de
los conocimientos penales que enseñó en varias universidades, ha
escrito en la acción y en la práctica Guillermo Olivera Díaz una
hermosa página que ilumina el paso decente de las nuevas
generaciones. Así de simple
Para el vulgo que se hace llamar medio de comunicación, la tacha
domiciliaria que sacó a Kouri de carrera para Lima, constituye el leit
motiv de esa circunstancia. Si preguntáramos si conoce o sabe algo
del autor de la tacha arribaríamos a la única conclusión posible: ¡ni
siquiera se acordaría del nombre de aquel ciudadano! Si la tacha
prosperó fue por la potente razón que el cuestionamiento integral a
las monstruosas fallas y fraudes de Cambio Radical tuvo en la
argumentación del solitario abogado Guillermo Olivera Díaz a un
osado y perseverante enriquecedor cuasi diario de pruebas y más
pruebas. Desde hace más de cinco lustros el país no contemplaba
una demostración cívica valiente y efectiva.
El miércoles 1 debió llevarse a cabo el informe oral acerca de la
segunda tacha, la planteada por Olivera. Nadie entiende la razón
del cómo trocó en posterior un cuestionamiento que ingresó ¡140
expedientes antes que la tacha domiciliaria! Sólo la magia ilusionista
del experto en materia electoral del Jurado Nacional de Elecciones,
Fernando Rodríguez Patrón puede —y debe— ofrecer una
explicación, no de cómo hizo, sino en nombre de qué causas o
neumáticas de interés ha procedido con dolo ostensible.
El cónclave no se llevó a cabo. En el tabladillo en que se sientan los
jueces electorales ya no habían las cinco sillas que albergaban a
igual número de magistrados. La subitánea, sorpresiva, aleve y
pusilánime salida de vacaciones sine die de Ulises Montoya Alberti
propició este asunto. Es que aquél, por haber adelantado opiniones
sobre las mecánicas decisorias del JNE, había sido recusado por
Guillermo Olivera Díaz. Y en lugar de afrontar el yerro, como lo
hacen quienes van a perder o a ganar, prefirió, con la complicidad
del colectivo del Jurado Nacional de Elecciones, picárselas o tomar
las de Villadiego.
Miedo cerval, aterrado, perverso, culposo, eso es lo que siente el
conjunto de jueces que conforma el JNE de actuar como lo
demanda la ley y la decencia. Permitieron o se volvieron cómplices
de Rodríguez Patrón que fletó el fraude Cambio Radical por todo lo
alto y ahora encubren a Montoya Alberti. La mácula pestilente
rodea este proceso edil, precedente del que vendrá para la
sucesión presidencial. Los lodos de hoy presagian cualquier cosa
para los meses que vienen.
La tacha domiciliaria ha sido el pretexto light que encajó bien en los
designios del JNE para desbarrancar la candidatura Kouri. La salida
de éste y su nadir de más de 30 puntos porcentuales al magro 2 ó
3% que hoy ostenta grafica lo vertiginoso del descalabro. ¿Qué
razones tuvo el JNE para no actuar como debía y tocar las múltiples,
numerosas e imbatibles razones documentales que presentó
Olivera Díaz con estocadas letales periódicas y robustas de
argumentos, pruebas y razones?
Superando el silencio de una prensa que ha batido todos los
niveles de asco y autocensura abisal, venciendo los escollos
económicos de tasas y desplazamientos, ignorado por semanas
enteras, obliterado casi por completo, Guillermo Olivera Díaz, más
allá de una tacha, emprendió la palmaria realidad que en Perú ¡sí
se puede incurrir en demostraciones cívicas con la ley en la mano y
la ética en alto!
¿Notó, amable lector, que los intelectuales de todo el amplio
espectro, desde la zurda hasta la ultra-derecha, no aventura
opinión de fondo sino cosmética y políticamente correcta? Los
defensores de los derechos humanos en este capítulo callan. Los
analistas, estrategas, internacionalistas, politólogos, especialistas y
demás istas, hacen lo propio y no van más allá de muy
despreciables circunloquios para justificar los nutridos dineros a los
cuales sirven.
Más aún. Los partidos políticos, habida cuenta que esos no existen
en Perú, es decir los clubes electorales, se cuidaron muy mucho de
opinar o decir algo. La unanimidad yugulada de parecer ha dado
una lección de cómo se evita la decencia y cómo se hunde al país
en la ciénaga de mediocres colectores de votos que sí saben
olvidarse de todo lo que prometieron una vez apoltronados en las
sillas de mando.
El Perú es más grande que todas esas castas sin señorío ni savia
para absolutamente nada. Desde la tribuna abogadil, premunido de
los conocimientos penales que enseñó en varias universidades, ha
escrito en la acción y en la práctica Guillermo Olivera Díaz una
hermosa página que ilumina el paso decente de las nuevas
generaciones. Así de simple
1. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN SU MENSAJE A LA NACIÓN DEL
28 DE JULIO 2010 MANIFESTÓ QUE EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
REPÚBLICA PARA EL AÑO FISCAL 2011, ESTA CONSIDERADO UN AUMENTO
DE REMUNERACIONES A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y
POLICÍA NACIONAL QUE LES PERMITA LA MEJORA DE SUS INGRESOS
COMO UNA MUESTRA DE GRATITUD DEL PERÚ A QUIENES COMBATIERON
A SENDERO LUMINOSO HACIÉNDOLES MORDER EL POLVO DE LA
DERROTA.
2. EL 30 DE AGOSTO EL GABINETE MINISTERIAL PRESENTO AL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA REPÚBLICA MODIFICADO SUBREPTICIAMENTE POR LA
MINISTRA DE ECONOMÍA QUIEN INTRODUJO LOS DISPOSITIVOS 19 Y 20 Y
OTROS QUE DISPONEN LA ELIMINACIÓN DE LA CEDULA VIVA PARA LOS
PENSIONISTAS, EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA CAJA DE PENSIONES
MILITAR-POLICIAL, EL RECORTE DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES
PARA EL VRAE Y LA ELIMINACIÓN DEL INGRESO A LAS ESCUELAS DE
OFICIALES Y SUBOFICIALES.
3. ESTA TRANSGRESIÓN CONSTITUCIONAL DEL GABINETE MINISTERIAL
QUE COMO SERVIDORES PÚBLICOS ESTÁN AL SERVICIO DE LA NACIÓN Y
NO DEL GOBIERNO EVIDENCIA QUE ESTA INICIATIVA HA SIDO DIGITADA
POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA TENIENDO COMO INSTRUMENTO A
LA MINISTRA DE ECONOMÍA.
4. LA ELIMINACIÓN DE LA CEDULA VIVA PERJUDICA AL SECTOR MAS
VULNERABLE DE LA FAMILIA MILITAR POLICIAL, A LOS ANCIANOS EN
EXTINCIÓN NATURAL, LAS VIUDAS QUE CONSIGUIERON ESE BENEFICIO
CON LA INMOLACIÓN DE SUS ESPOSOS, A LOS MILITARES Y POLICÍAS QUE
SE DISCAPACITARON COMBATIENDO A LA SUBVERSIÓN.
5. DENUNCIAMOS LA IRRACIONAL Y CONTRADICTORIA MEDIDA DE
ELIMINAR EL INGRESO A LAS ESCUELAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES,
EN UN CONTEXTO DE INSEGURIDAD CIUDADANA E INDEFENSIÓN MILITAR,
LO QUE DEMUESTRA EL CARÁCTER MERCANTILISTA DE ESTE GOBIERNO
DESPROVISTO DE LA ELEMENTAL CONCEPCIÓN Y PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO. QUE FAVORECE A LA POLÍTICA EXTERIOR CHILENA.
6. EL FRENTE ÚNICO MILITAR POLICIAL DE AREQUIPA ANTE LA
AMENAZA AL ESTADO NACIÓN AL ATENTAR CONTRA SUS INSTITUCIONES
TUTELARES EXPRESA:
7. DECLARAR TRAIDOR AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, E INDIGNO
DE OSTENTAR EL CARGO DE JEFE SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Y POLICÍA NACIONAL.
8. EXIGIR LA RENUNCIA DE LA MINISTRA DE ECONOMÍA AL ACTUAR
DOLOSA E INCONSTITUCIONALMENTE Y NO DAR CUMPLIMIENTO AL D/U 014.
9. EXIGIR LA RENUNCIA DE LOS MINISTROS DE DEFENSA E INTERIOR
POR COMPLICIDAD AL HABER APROBADO EL ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO.
10. DEMANDAR EL PRONUNCIAMIENTO DE LOS COMANDANTES
GENERALES DE LOS INSTITUTOS ARMADOS O SU RENUNCIA EN CASO DE
NO HACERLO.
11. INVOCAR A LOS CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA LA NO
APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO PARA
EL AF 2011.
12. EXHORTAR A LAS ASOCIACIONES DE MILITARES Y POLICIAS A
MANTENER LA UNIDAD Y EL COMPROMISO DE UTILIZAR TODOS , TODOS
LOS DISPOSITIVOS QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
PERÚ.
28 DE JULIO 2010 MANIFESTÓ QUE EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
REPÚBLICA PARA EL AÑO FISCAL 2011, ESTA CONSIDERADO UN AUMENTO
DE REMUNERACIONES A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y
POLICÍA NACIONAL QUE LES PERMITA LA MEJORA DE SUS INGRESOS
COMO UNA MUESTRA DE GRATITUD DEL PERÚ A QUIENES COMBATIERON
A SENDERO LUMINOSO HACIÉNDOLES MORDER EL POLVO DE LA
DERROTA.
2. EL 30 DE AGOSTO EL GABINETE MINISTERIAL PRESENTO AL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA REPÚBLICA MODIFICADO SUBREPTICIAMENTE POR LA
MINISTRA DE ECONOMÍA QUIEN INTRODUJO LOS DISPOSITIVOS 19 Y 20 Y
OTROS QUE DISPONEN LA ELIMINACIÓN DE LA CEDULA VIVA PARA LOS
PENSIONISTAS, EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA CAJA DE PENSIONES
MILITAR-POLICIAL, EL RECORTE DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES
PARA EL VRAE Y LA ELIMINACIÓN DEL INGRESO A LAS ESCUELAS DE
OFICIALES Y SUBOFICIALES.
3. ESTA TRANSGRESIÓN CONSTITUCIONAL DEL GABINETE MINISTERIAL
QUE COMO SERVIDORES PÚBLICOS ESTÁN AL SERVICIO DE LA NACIÓN Y
NO DEL GOBIERNO EVIDENCIA QUE ESTA INICIATIVA HA SIDO DIGITADA
POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA TENIENDO COMO INSTRUMENTO A
LA MINISTRA DE ECONOMÍA.
4. LA ELIMINACIÓN DE LA CEDULA VIVA PERJUDICA AL SECTOR MAS
VULNERABLE DE LA FAMILIA MILITAR POLICIAL, A LOS ANCIANOS EN
EXTINCIÓN NATURAL, LAS VIUDAS QUE CONSIGUIERON ESE BENEFICIO
CON LA INMOLACIÓN DE SUS ESPOSOS, A LOS MILITARES Y POLICÍAS QUE
SE DISCAPACITARON COMBATIENDO A LA SUBVERSIÓN.
5. DENUNCIAMOS LA IRRACIONAL Y CONTRADICTORIA MEDIDA DE
ELIMINAR EL INGRESO A LAS ESCUELAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES,
EN UN CONTEXTO DE INSEGURIDAD CIUDADANA E INDEFENSIÓN MILITAR,
LO QUE DEMUESTRA EL CARÁCTER MERCANTILISTA DE ESTE GOBIERNO
DESPROVISTO DE LA ELEMENTAL CONCEPCIÓN Y PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO. QUE FAVORECE A LA POLÍTICA EXTERIOR CHILENA.
6. EL FRENTE ÚNICO MILITAR POLICIAL DE AREQUIPA ANTE LA
AMENAZA AL ESTADO NACIÓN AL ATENTAR CONTRA SUS INSTITUCIONES
TUTELARES EXPRESA:
7. DECLARAR TRAIDOR AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, E INDIGNO
DE OSTENTAR EL CARGO DE JEFE SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Y POLICÍA NACIONAL.
8. EXIGIR LA RENUNCIA DE LA MINISTRA DE ECONOMÍA AL ACTUAR
DOLOSA E INCONSTITUCIONALMENTE Y NO DAR CUMPLIMIENTO AL D/U 014.
9. EXIGIR LA RENUNCIA DE LOS MINISTROS DE DEFENSA E INTERIOR
POR COMPLICIDAD AL HABER APROBADO EL ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO.
10. DEMANDAR EL PRONUNCIAMIENTO DE LOS COMANDANTES
GENERALES DE LOS INSTITUTOS ARMADOS O SU RENUNCIA EN CASO DE
NO HACERLO.
11. INVOCAR A LOS CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA LA NO
APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO PARA
EL AF 2011.
12. EXHORTAR A LAS ASOCIACIONES DE MILITARES Y POLICIAS A
MANTENER LA UNIDAD Y EL COMPROMISO DE UTILIZAR TODOS , TODOS
LOS DISPOSITIVOS QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
PERÚ.
Escandaloso fallo del Tribunal Constitucional
Gremio periodístico guarda escandaloso silencio ante abusos contra
Canal 11
Fases del estrangulamiento a RBC y el persistente silencio sepulcral de
la prensa
Ante los abusos perpetrados por el gobierno aprista contra RBC, Canal
11, el único canal independiente, el gremio periodístico guarda silencio
cómplice. Los únicos periodistas que han informado sobre el hecho son
los de la prensa digital: Herbert Mujica y su red, Generacción y Con
Nuestro Perú.
Todos los canales y diarios de prensa escrita decidieron callar, pero
cuando se trata de cualquier medida dictada por el presidente
venezolano Hugo Chávez todos en coro salen a rasgarse las vestiduras
alegando que se trata de violación de la libertad de prensa. Estos
pseudodemócratas en casa no ven nada, sólo ven lo que hay afuera.
Hay poderosos motivos para amordazar la voz de esa gran prensa
complaciente, pues recibe millonarias sumas del gobierno, que
ascenderían a 500 millones de soles del erario nacional. También goza
de la protección del Gobierno para evadir impuestos declarándose en
quiebra, no pagando a la Sunat, organismo que arremete sin piedad
contra pequeños comerciantes, pero que a los deudores de la gran
prensa no toca ni con el pétalo de la rosa.
Hasta dónde llegará la compra de conciencias que incluso la Asociación
Nacional de Periodistas, el Colegio de Periodistas y la Sociedad de
Prensa simulan no enterarse del problema.
Como se sabe, la arremetida contra Canal 11 se ha presentado en una
escalada de actos de acoso que comenzó quitándole la publicidad no
sólo privada, sino estatal.
En primer lugar, la Asociación de Anunciantes, que agrupa a los más
grandes anunciadores, varios de ellos empresas que reciben favores del
gobierno, se ha convertido en un verdadero medio de mordaza, pues
con el chantaje de la publicidad pretende imponer una línea
progrobierno. Así, decidió no anunciar en RBC porque este canal
cuestionó a la monopólica empresa IBOPETime. Cuando Canal 11
señaló las incongruencias y posibles manipulación en la medición de
rating de IBOPETime, la Asociación de Anunciantes protegió los
misteriosos manejos de IBOPETime cortando el flujo de publicidad a
RBC.
Paralelamente, el gobierno aprista sospechosamente quitó el avisaje
estatal a RBC. Obviamente, esto responde a una represalia contra la
línea independiente del canal, que es el único que no se sentó en la
salita del SIN de Montesinos.
El siguiente golpe de parte del gobierno fue discriminar a RBC al no
concederle la señal digital, que sí la dio a todos los canales. Para ello
usaron el irracional pretexto de que RBC no cuenta con estaciones en
provincias.
Escándalo en el Tribunal Constitucional
El tercer golpe es mucho más escandaloso y revela un manejo aprista
del Tribunal Constitucional (TC), que en escandaloso y nunca visto
tiempo récord, ocho días útiles, resolvió un amparo que no debía haber
admitido, con voto dirimente del magistrado Ernesto Álvarez Miranda, por
el cual Canal 11 prepara una denuncia por prevaricato.
La denuncia por prevaricato procede porque el TC se pronunció sobre
la aplicación de una norma existiendo ya un contenido específico. El TC
tampoco ha señalado los fundamentos de los derechos que amparan el
petitorio. Además, el TC ha resuelto sin tener competencia para asuntos
administrativos.
RBC alquilaba un espacio a la empresa Austral, la cual ahora está
registrada como quebrada en Indecopi. A Austral RBC nunca le cedió la
licencia, pero, sin conocimiento de RBC, Austral fabricó un contrato
cediendo derechos a Crasa, empresa que increíblemente demanda a
RBC pretendiendo apropiarse de la licencia con el objeto de favorecer a
la aprista Lourdes Mendoza del Solar, segunda vicepresidenta, y su
familia, como denunció Ricardo Belmont Cassinelli y agregó que Lourdes
Mendoza es hija de un broadcaster que no habria pagado impuestos a la
Sunat.
El único objeto de la persecución contra RBC, como bien denunció
Belmont, es cerrar su voz en las proximidades de las elecciones
presidenciales. Como se recuerda, el presidente Alan García dijo que
podía hacer que no gane aquél candidato que él no desee. Y este
Tribunal Constitucional está mostrando su actuacón proparista en lugar
de una imparcialidad que corresponde a su investidura, lo cual ya se
preveía con el nombramiento de (ver: Caso Mesía y cargos apolíticos).
Este caso nos muestra hasta qué punto puede llegar el periodismo, que
así evidencia un procaz servilismo al Gobierno de turno.
Gremio periodístico guarda escandaloso silencio ante abusos contra
Canal 11
Fases del estrangulamiento a RBC y el persistente silencio sepulcral de
la prensa
Ante los abusos perpetrados por el gobierno aprista contra RBC, Canal
11, el único canal independiente, el gremio periodístico guarda silencio
cómplice. Los únicos periodistas que han informado sobre el hecho son
los de la prensa digital: Herbert Mujica y su red, Generacción y Con
Nuestro Perú.
Todos los canales y diarios de prensa escrita decidieron callar, pero
cuando se trata de cualquier medida dictada por el presidente
venezolano Hugo Chávez todos en coro salen a rasgarse las vestiduras
alegando que se trata de violación de la libertad de prensa. Estos
pseudodemócratas en casa no ven nada, sólo ven lo que hay afuera.
Hay poderosos motivos para amordazar la voz de esa gran prensa
complaciente, pues recibe millonarias sumas del gobierno, que
ascenderían a 500 millones de soles del erario nacional. También goza
de la protección del Gobierno para evadir impuestos declarándose en
quiebra, no pagando a la Sunat, organismo que arremete sin piedad
contra pequeños comerciantes, pero que a los deudores de la gran
prensa no toca ni con el pétalo de la rosa.
Hasta dónde llegará la compra de conciencias que incluso la Asociación
Nacional de Periodistas, el Colegio de Periodistas y la Sociedad de
Prensa simulan no enterarse del problema.
Como se sabe, la arremetida contra Canal 11 se ha presentado en una
escalada de actos de acoso que comenzó quitándole la publicidad no
sólo privada, sino estatal.
En primer lugar, la Asociación de Anunciantes, que agrupa a los más
grandes anunciadores, varios de ellos empresas que reciben favores del
gobierno, se ha convertido en un verdadero medio de mordaza, pues
con el chantaje de la publicidad pretende imponer una línea
progrobierno. Así, decidió no anunciar en RBC porque este canal
cuestionó a la monopólica empresa IBOPETime. Cuando Canal 11
señaló las incongruencias y posibles manipulación en la medición de
rating de IBOPETime, la Asociación de Anunciantes protegió los
misteriosos manejos de IBOPETime cortando el flujo de publicidad a
RBC.
Paralelamente, el gobierno aprista sospechosamente quitó el avisaje
estatal a RBC. Obviamente, esto responde a una represalia contra la
línea independiente del canal, que es el único que no se sentó en la
salita del SIN de Montesinos.
El siguiente golpe de parte del gobierno fue discriminar a RBC al no
concederle la señal digital, que sí la dio a todos los canales. Para ello
usaron el irracional pretexto de que RBC no cuenta con estaciones en
provincias.
Escándalo en el Tribunal Constitucional
El tercer golpe es mucho más escandaloso y revela un manejo aprista
del Tribunal Constitucional (TC), que en escandaloso y nunca visto
tiempo récord, ocho días útiles, resolvió un amparo que no debía haber
admitido, con voto dirimente del magistrado Ernesto Álvarez Miranda, por
el cual Canal 11 prepara una denuncia por prevaricato.
La denuncia por prevaricato procede porque el TC se pronunció sobre
la aplicación de una norma existiendo ya un contenido específico. El TC
tampoco ha señalado los fundamentos de los derechos que amparan el
petitorio. Además, el TC ha resuelto sin tener competencia para asuntos
administrativos.
RBC alquilaba un espacio a la empresa Austral, la cual ahora está
registrada como quebrada en Indecopi. A Austral RBC nunca le cedió la
licencia, pero, sin conocimiento de RBC, Austral fabricó un contrato
cediendo derechos a Crasa, empresa que increíblemente demanda a
RBC pretendiendo apropiarse de la licencia con el objeto de favorecer a
la aprista Lourdes Mendoza del Solar, segunda vicepresidenta, y su
familia, como denunció Ricardo Belmont Cassinelli y agregó que Lourdes
Mendoza es hija de un broadcaster que no habria pagado impuestos a la
Sunat.
El único objeto de la persecución contra RBC, como bien denunció
Belmont, es cerrar su voz en las proximidades de las elecciones
presidenciales. Como se recuerda, el presidente Alan García dijo que
podía hacer que no gane aquél candidato que él no desee. Y este
Tribunal Constitucional está mostrando su actuacón proparista en lugar
de una imparcialidad que corresponde a su investidura, lo cual ya se
preveía con el nombramiento de (ver: Caso Mesía y cargos apolíticos).
Este caso nos muestra hasta qué punto puede llegar el periodismo, que
así evidencia un procaz servilismo al Gobierno de turno.
Gremio periodístico guarda
escandaloso silencio ante abusos
contra Canal 11
escandaloso silencio ante abusos
contra Canal 11
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERU
ABRE CAJA DE PANDORA
ABRE CAJA DE PANDORA
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERU ABRE CAJA DE
PANDORA
El fallo en contra de RBC Televisión en Lima, por el Tribunal
Constitucional abre una peligrosa caja de Pandora que todo
inversionista extranjero debe tomar en cuenta.
.Pone en peligro ¨warnings¨ la credibilidad mundial de este tribunal
referente a la estabilidad jurídica del Perú.
.Retracción de la inversión foránea en el Perú por la desconfianza que
se genera juridicamente.
.Cuestionamiento de futuras garantías entre los tratados de libre
comercio con los Estados Unidos y otros países que con buena fe
confían en la “democracia” existente en Perú.
El Tribunal Constitucional del Perú, conformado por siete miembros,
seis de los cuales se encuentran vinculados al partido Aprista de
gobierno, ha dictado un fallo irrito de carácter político pretendiendo
con el mismo suspenderle temporalmente la autorización para operar
el Canal 11 de Televisión, favoreciendo a la familia Mendoza, una de
cuyos miembros, Lourdes Mendoza, ostenta el cargo de Segunda
Vicepresidenta de la República.
El fallo dictado más allá de la petición de una tercera empresa que
nunca tuvo relación jurídica con RBC Televisión, y en un proceso al
que, además, no fue citada RBC Televisión, pone en serio riesgo la
estabilidad jurídica nacional al pronunciarse sobre asuntos que tienen
calidad de cosa juzgada al admitirse una demanda de agravio
constitucional inexistente.
Todo lo anterior no solo significará que ante la inseguridad jurídica
que tal fallo representa la inversión extranjera se pueda ver afectada
por tal medida, sino que origine serias dificultades de aquí en
adelante, respecto de la fluida y natural ejecución del tratado de libre
comercio suscrito entre Perú y los Estados Unidos de Norteamérica,
poniendo en riesgo su vigencia en el futuro.
Las consecuencias de que el máximo Tribunal de Justicia peruano
emita fallos como el que se señala, traerá como resultado la necesaria
retracción de la inversión foránea por la desconfianza que así se
genera.
Ninguna nación puede aspirar al progreso sin contar con instituciones
sólidas, libres e independientes del poder político de turno,
vulnerando el principio de autonomía entre los poderes del estado...
Finalmente hay que señalar que la función principal del Tribunal
Constitucional es otorgar derechos y no quitarlos como en este caso
se pretende.
Miami, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Candidatos de Villarán
Algunos aliados de la candidata a la alcaldía de Lima promueven la libertad del
genocida Víctor Polay Campos (a) “Rolando”.
Impresentables. Perfecto Víctor Ramírez Cifuentes, candidato a regidor por Lima
de la lista que encabeza Susana Villarán, estuvo preso acusado de terrorismo,
mientras que otros tres candidatos de Fuerza Social (uno a regidor por San
Martín de Porres y dos a alcaldes distritales en Cajamarca) son acusados por
presunto delito de tráfico ilícito de drogas. A ello se suma el hecho que otros
dos candidatos a regidores por distritos cajamarquinos han sido acusados por
delito de homicidio.
Perfecto Víctor Ramírez Cifuentes, quien se ubica en el cuarto lugar de la lista
de regidores que encabeza Susana Villarán de la Puente, estuvo recluido –por
presunto delito de terrorismo– en el Penal Miguel Castro Castro hasta el 2 de
marzo de 1989 ya que un día antes la Sala Superior Penal Corporativa Nacional
para casos de terrorismo lo absolvió.
No cambia
Pero los hechos posteriores a su liberación demostrarían que Ramírez
Cifuentes está muy lejos de abandonar posiciones extremistas.
Según documentos reservados a los que EXPRESO pudo acceder, Ramírez
integra desde el año 2006 la Junta Directiva del órgano vinculado al Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru ‘Comité Pro Libertad de Víctor Polay Campos’, que
preside doña Otilia Campos, madre de Polay.
Incluso Ramírez Cifuentes –según la documentación– habría participado el 15
de abril del año pasado en un evento organizado por dicho comité junto a
activistas de izquierda radical pro emerretistas como Rossina Valcárcel
Carnero, María Rosa Soto Bringas, ex editora de la revista Cambio, órgano de
prensa del MRTA; César Oyola García, abogado de Polay; y Maite Palacios
Pérez, pareja sentimental del emerretista Jaime Castillo Petruzzi.
Después, el 5 de junio de 2009, con motivo de los sucesos de Bagua, Ramírez
Cifuentes en su calidad de presidente del Movimiento Nueva Izquierda (MNI)
suscribió un comunicado titulado “Repudio a la masacre fascista contra los
hermanos amazónicos de Bagua”.
Allí se lee lo siguiente: “es hora de salir al frente con movilizaciones políticas de
masas y definir la coyuntura política como insurgente y por lo mismo el derecho
del pueblo peruano a fijar y reivindicar sus derechos políticos y sociales
expresados en la necesidad del cambio del modelo económico neoliberal”;
exigiendo la “renuncia inmediata de todo el Ejecutivo y el Congreso en pleno,
por haber demostrado incapacidad para gobernar y haber perdido legitimidad
frente al pueblo”.
Incluso en la hoja de vida que Ramírez Cifuentes presentó ante el Jurado
Nacional de Elecciones puede leerse en lo que se refiere a cargos políticos que
él presidió el MNI desde enero de 2004 a julio pasado. También se sabe que es
integrante del Comité Central del Partido Comunista del Perú–Patria Roja,
donde es integrante.
También en su experiencia laboral consigna que desde marzo de 1985 hasta
marzo de 1990 fue asesor de la Central de Trabajadores de la Revolución
Peruana.
Narcotráfico
Pero en Fuerza Social, que lidera Susana Villarán, también hay otros tres
personajes que postulan a alcaldías distritales y regidurías que presentan
denuncias por tráfico ilícito de drogas.
Es el caso del candidato de Fuerza Social a la reelección en el cargo de alcalde
distrital de San Andrés de Cutervo, Alejandro Pérez Cardozo, quien tiene
vigente una denuncia por tráfico ilícito de drogas, la misma que viene siendo
investigada por la 7º Fiscalía Provincial de Chiclayo. La base de la denuncia se
encuentra en el atestado policial signado con el número 00292.
Inclusive en la hoja de vida que Pérez Cardozo presentó ante el JNE señala que
no cuenta con sentencia firme en el ítem respectivo a la relación de sentencias
que se declararon fundadas o infundadas en parte, con lo que implícitamente
reconoce estar inmerso en un proceso judicial.
Otro caso es el del candidato de Fuerza Social a la alcaldía distrital de
Cochabamba, en la provincia cajamarquina de Chota, Walter Llempén Quiroz,
quien es investigado por la 6º Fiscalía Provincial de Chiclayo por presunto delito
de tráfico ilícito de drogas, en base al atestado policial signado con el número
00010.
Inclusive en su hoja de vida presentada ante el JNE Llempén Quiroz consigna
en la relación de sentencias condenatorias que hubieran quedado firmes, que
fue denunciado por declaración de paternidad por la señorita Mariela Liliana
Montenegro Vega.
La denuncia se planteó en abril de 2005 ante el Juzgado de Paz José Leonardo
Ortiz. El número de expediente fue el 2005 – 0047 y la sentencia en contra de
Llempén Quiroz quedó firme el 23 de noviembre del 2006.
También el aspirante a regidor por el distrito limeño de San Martín de Porres,
Julio César Montoya Camargo, tiene un proceso por tráfico ilícito de drogas
vigente en el 44º Juzgado de Instrucción de Lima. Incluso en la hoja de vida que
presentó ante el JNE señala no tener sentencia firme con lo que implícitamente
reconoce estar inmerso en un proceso judicial.
Homicidio
Otros dos candidatos a regidores del partido que lidera Susana Villarán están
inmersos en acusaciones de homicidio. Ellos son Eugenio Castro Huamán y
Armando Tarrillo Díaz.
En el caso de Castro Huamán, quien encabeza la lista de regidores al distrito de
Cortegana, en Celendín–Cajamarca, él tiene una investigación vigente por el
delito de homicidio en la 2º Fiscalía Provincial de Huaraz, la misma que se basa
en el atestado policial signado con el número 00129.
Pero otro detalle que llama la atención en la hoja de vida que Castro Huamán
presentó ante el JNE es su consumada vocación de tránsfuga. Entre diciembre
de 2004 y marzo del 2005 militó en dos partidos políticos: el APRA (ingreso en
diciembre de 2004 y salió en enero de 2005) y Perú Posible (ingresó en enero
del 2005 y salió dos meses después).
Incluso en la hoja de vida señala no tener sentencia firme con lo que
implícitamente reconoce estar inmerso en un proceso judicial.
En el caso de Armando Tarrillo Díaz, quien postula en la tercera ubicación de la
lista de regidores al distrito de Chancaybaños, en Santa Cruz – Cajamarca, es
investigado por la Fiscalía Provincial de Cajamarca por el delito de homicidio, en
base al atestado policial signado con el número 00084.
Él, al igual que Castro Huamán, consigna en la hoja de vida que presentó al
JNE que no cuenta con sentencia firme en el ítem respectivo a la relación de
sentencias que se declararon fundadas o infundadas en parte, con lo que
implícitamente reconoce estar inmerso en un proceso judicial.
Van sumando
Estos casos se suman al del defenestrado candidato a regidor por Lima,
Alexander Michael Amaya Sancho, quien ha sido procesado por bloquear vías
durante una protesta de gremios de transporte público en el 2009.
Alexander Michael Amaya Sancho, un radical salido de las canteras del
Movimiento Nueva Izquierda (MNI) –plataforma electoral que alberga a la
comunista Patria Roja–, es actualmente procesado por el Poder Judicial por
fabricar y suministrar materiales explosivos y peligrosos.
Amaya Sancho fue detenido por Seguridad del Estado cuando realizaba
desmanes en las pistas adyacentes a la Carretera Panamericana Sur en Villa El
Salvador.
A él y sus acompañantes se les incautó materiales inflamables y explosivos
como gasolina y kerosene, así como artefactos caseros peligrosos con los que
habrían prendido llantas y llenado de fuego la pista. Por ello fue denunciado por
la fiscal Marlene Cabrera Salazar, de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de
Villa El Salvador.
Por esta denuncia, Amaya Sancho es ahora procesado penalmente por el
Primer Juzgado Mixto de Villa El Salvador –que despacha la jueza Margarita
Sánchez Tuesta (expediente N°327-2010)– por los delitos de entorpecimiento
de los servicios públicos, fabricación y suministro de material peligroso y contra
la seguridad pública y peligro común.
Manejaba borracho
Pero Amaya Sancho también es procesado por delito contra el cuerpo y la
salud en la modalidad de conducción en estado de ebriedad, al protagonizar
este hecho este año, cuando conducía su automóvil en completo estado de
ebriedad por una de las vías de Lima.
Amaya Sancho fue detenido por la Policía Nacional y denunciado ante el
Ministerio Público. El hecho lo investigó el titular de la 29º Fiscalía Penal de
Lima, Miguel Espinoza Vegas, quien tras analizar las evidencias y recoger
testimonios, el pasado 3 de agosto formalizó la denuncia contra Amaya por el
delito de conducción en estado de ebriedad en agravio de la sociedad.
El caso pasó a manos del Poder Judicial el 11 de agosto con el número de
expediente 303-2010 y actualmente es estudiado por el magistrado Marco
Aurelio Tejada, encargado del 39 Juzgado Penal de Lima.
genocida Víctor Polay Campos (a) “Rolando”.
Impresentables. Perfecto Víctor Ramírez Cifuentes, candidato a regidor por Lima
de la lista que encabeza Susana Villarán, estuvo preso acusado de terrorismo,
mientras que otros tres candidatos de Fuerza Social (uno a regidor por San
Martín de Porres y dos a alcaldes distritales en Cajamarca) son acusados por
presunto delito de tráfico ilícito de drogas. A ello se suma el hecho que otros
dos candidatos a regidores por distritos cajamarquinos han sido acusados por
delito de homicidio.
Perfecto Víctor Ramírez Cifuentes, quien se ubica en el cuarto lugar de la lista
de regidores que encabeza Susana Villarán de la Puente, estuvo recluido –por
presunto delito de terrorismo– en el Penal Miguel Castro Castro hasta el 2 de
marzo de 1989 ya que un día antes la Sala Superior Penal Corporativa Nacional
para casos de terrorismo lo absolvió.
No cambia
Pero los hechos posteriores a su liberación demostrarían que Ramírez
Cifuentes está muy lejos de abandonar posiciones extremistas.
Según documentos reservados a los que EXPRESO pudo acceder, Ramírez
integra desde el año 2006 la Junta Directiva del órgano vinculado al Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru ‘Comité Pro Libertad de Víctor Polay Campos’, que
preside doña Otilia Campos, madre de Polay.
Incluso Ramírez Cifuentes –según la documentación– habría participado el 15
de abril del año pasado en un evento organizado por dicho comité junto a
activistas de izquierda radical pro emerretistas como Rossina Valcárcel
Carnero, María Rosa Soto Bringas, ex editora de la revista Cambio, órgano de
prensa del MRTA; César Oyola García, abogado de Polay; y Maite Palacios
Pérez, pareja sentimental del emerretista Jaime Castillo Petruzzi.
Después, el 5 de junio de 2009, con motivo de los sucesos de Bagua, Ramírez
Cifuentes en su calidad de presidente del Movimiento Nueva Izquierda (MNI)
suscribió un comunicado titulado “Repudio a la masacre fascista contra los
hermanos amazónicos de Bagua”.
Allí se lee lo siguiente: “es hora de salir al frente con movilizaciones políticas de
masas y definir la coyuntura política como insurgente y por lo mismo el derecho
del pueblo peruano a fijar y reivindicar sus derechos políticos y sociales
expresados en la necesidad del cambio del modelo económico neoliberal”;
exigiendo la “renuncia inmediata de todo el Ejecutivo y el Congreso en pleno,
por haber demostrado incapacidad para gobernar y haber perdido legitimidad
frente al pueblo”.
Incluso en la hoja de vida que Ramírez Cifuentes presentó ante el Jurado
Nacional de Elecciones puede leerse en lo que se refiere a cargos políticos que
él presidió el MNI desde enero de 2004 a julio pasado. También se sabe que es
integrante del Comité Central del Partido Comunista del Perú–Patria Roja,
donde es integrante.
También en su experiencia laboral consigna que desde marzo de 1985 hasta
marzo de 1990 fue asesor de la Central de Trabajadores de la Revolución
Peruana.
Narcotráfico
Pero en Fuerza Social, que lidera Susana Villarán, también hay otros tres
personajes que postulan a alcaldías distritales y regidurías que presentan
denuncias por tráfico ilícito de drogas.
Es el caso del candidato de Fuerza Social a la reelección en el cargo de alcalde
distrital de San Andrés de Cutervo, Alejandro Pérez Cardozo, quien tiene
vigente una denuncia por tráfico ilícito de drogas, la misma que viene siendo
investigada por la 7º Fiscalía Provincial de Chiclayo. La base de la denuncia se
encuentra en el atestado policial signado con el número 00292.
Inclusive en la hoja de vida que Pérez Cardozo presentó ante el JNE señala que
no cuenta con sentencia firme en el ítem respectivo a la relación de sentencias
que se declararon fundadas o infundadas en parte, con lo que implícitamente
reconoce estar inmerso en un proceso judicial.
Otro caso es el del candidato de Fuerza Social a la alcaldía distrital de
Cochabamba, en la provincia cajamarquina de Chota, Walter Llempén Quiroz,
quien es investigado por la 6º Fiscalía Provincial de Chiclayo por presunto delito
de tráfico ilícito de drogas, en base al atestado policial signado con el número
00010.
Inclusive en su hoja de vida presentada ante el JNE Llempén Quiroz consigna
en la relación de sentencias condenatorias que hubieran quedado firmes, que
fue denunciado por declaración de paternidad por la señorita Mariela Liliana
Montenegro Vega.
La denuncia se planteó en abril de 2005 ante el Juzgado de Paz José Leonardo
Ortiz. El número de expediente fue el 2005 – 0047 y la sentencia en contra de
Llempén Quiroz quedó firme el 23 de noviembre del 2006.
También el aspirante a regidor por el distrito limeño de San Martín de Porres,
Julio César Montoya Camargo, tiene un proceso por tráfico ilícito de drogas
vigente en el 44º Juzgado de Instrucción de Lima. Incluso en la hoja de vida que
presentó ante el JNE señala no tener sentencia firme con lo que implícitamente
reconoce estar inmerso en un proceso judicial.
Homicidio
Otros dos candidatos a regidores del partido que lidera Susana Villarán están
inmersos en acusaciones de homicidio. Ellos son Eugenio Castro Huamán y
Armando Tarrillo Díaz.
En el caso de Castro Huamán, quien encabeza la lista de regidores al distrito de
Cortegana, en Celendín–Cajamarca, él tiene una investigación vigente por el
delito de homicidio en la 2º Fiscalía Provincial de Huaraz, la misma que se basa
en el atestado policial signado con el número 00129.
Pero otro detalle que llama la atención en la hoja de vida que Castro Huamán
presentó ante el JNE es su consumada vocación de tránsfuga. Entre diciembre
de 2004 y marzo del 2005 militó en dos partidos políticos: el APRA (ingreso en
diciembre de 2004 y salió en enero de 2005) y Perú Posible (ingresó en enero
del 2005 y salió dos meses después).
Incluso en la hoja de vida señala no tener sentencia firme con lo que
implícitamente reconoce estar inmerso en un proceso judicial.
En el caso de Armando Tarrillo Díaz, quien postula en la tercera ubicación de la
lista de regidores al distrito de Chancaybaños, en Santa Cruz – Cajamarca, es
investigado por la Fiscalía Provincial de Cajamarca por el delito de homicidio, en
base al atestado policial signado con el número 00084.
Él, al igual que Castro Huamán, consigna en la hoja de vida que presentó al
JNE que no cuenta con sentencia firme en el ítem respectivo a la relación de
sentencias que se declararon fundadas o infundadas en parte, con lo que
implícitamente reconoce estar inmerso en un proceso judicial.
Van sumando
Estos casos se suman al del defenestrado candidato a regidor por Lima,
Alexander Michael Amaya Sancho, quien ha sido procesado por bloquear vías
durante una protesta de gremios de transporte público en el 2009.
Alexander Michael Amaya Sancho, un radical salido de las canteras del
Movimiento Nueva Izquierda (MNI) –plataforma electoral que alberga a la
comunista Patria Roja–, es actualmente procesado por el Poder Judicial por
fabricar y suministrar materiales explosivos y peligrosos.
Amaya Sancho fue detenido por Seguridad del Estado cuando realizaba
desmanes en las pistas adyacentes a la Carretera Panamericana Sur en Villa El
Salvador.
A él y sus acompañantes se les incautó materiales inflamables y explosivos
como gasolina y kerosene, así como artefactos caseros peligrosos con los que
habrían prendido llantas y llenado de fuego la pista. Por ello fue denunciado por
la fiscal Marlene Cabrera Salazar, de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de
Villa El Salvador.
Por esta denuncia, Amaya Sancho es ahora procesado penalmente por el
Primer Juzgado Mixto de Villa El Salvador –que despacha la jueza Margarita
Sánchez Tuesta (expediente N°327-2010)– por los delitos de entorpecimiento
de los servicios públicos, fabricación y suministro de material peligroso y contra
la seguridad pública y peligro común.
Manejaba borracho
Pero Amaya Sancho también es procesado por delito contra el cuerpo y la
salud en la modalidad de conducción en estado de ebriedad, al protagonizar
este hecho este año, cuando conducía su automóvil en completo estado de
ebriedad por una de las vías de Lima.
Amaya Sancho fue detenido por la Policía Nacional y denunciado ante el
Ministerio Público. El hecho lo investigó el titular de la 29º Fiscalía Penal de
Lima, Miguel Espinoza Vegas, quien tras analizar las evidencias y recoger
testimonios, el pasado 3 de agosto formalizó la denuncia contra Amaya por el
delito de conducción en estado de ebriedad en agravio de la sociedad.
El caso pasó a manos del Poder Judicial el 11 de agosto con el número de
expediente 303-2010 y actualmente es estudiado por el magistrado Marco
Aurelio Tejada, encargado del 39 Juzgado Penal de Lima.